El PRI exige frenar el registro obligatorio de líneas móviles por vulnerar derechos constitucionales
El partido advierte que la medida repite el fracaso del RENAUT, declarado inconstitucional en 2022, y traslada a la ciudadanía el costo de una política de seguridad ineficiente.
En una firme defensa de la privacidad y las libertades civiles, el PRI ha exigido la suspensión inmediata del registro obligatorio de líneas móviles propuesto por el oficialismo. La dirigencia nacional del partido advirtió que esta medida no solo vulnera derechos constitucionales fundamentales, sino que ignora los precedentes legales en México, particularmente el caso del RENAUT, el cual fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte en el año 2022.
Para el priismo, esta política representa un retroceso que pone en riesgo la información sensible de millones de mexicanos. El partido señaló que el gobierno federal intenta, una vez más, trasladar a la ciudadanía la responsabilidad y el costo de una estrategia de seguridad que carece de resultados comprobados. Lejos de combatir el crimen, este tipo de registros masivos suelen derivar en filtraciones de bases de datos que terminan en manos de la delincuencia, exponiendo a los usuarios a extorsiones y fraudes.
La postura del PRI es clara: no se puede combatir la inseguridad a costa de sacrificar la privacidad y los derechos digitales de la población. El partido denunció que la medida es una simulación que busca dar una apariencia de control, mientras las causas reales de la violencia y la delincuencia siguen sin ser atendidas. “Es un error repetir fórmulas que ya fracasaron y que fueron invalidadas por nuestra máxima autoridad judicial”, puntualizó la dirigencia.
Finalmente, el PRI Nacional reafirmó que dará la batalla legislativa y jurídica para evitar que este registro entre en vigor. Bajo la convicción de que la seguridad debe construirse con inteligencia y respeto a la ley, el partido se consolida como el principal defensor de los derechos digitales en México, asegurando que la confianza de los ciudadanos en sus instituciones no debe ser traicionada con políticas intrusivas y autoritarias.
