Alejandro Moreno advierte que las investigaciones en Estados Unidos contra funcionarios de Morena abren un escándalo que pone en duda la relación entre poder político y crimen organizado
Una nueva polémica de alto impacto ha estallado en la política nacional luego de que se dieran a conocer señalamientos desde Estados Unidos que involucran al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza Cázares, en presuntos vínculos con corrupción y crimen organizado. De acuerdo con la información que comenzó a circular en medios y espacios políticos, las autoridades estadounidenses habrían puesto bajo la lupa a ambos personajes, lo que elevó el tema a un nivel internacional y detonó reacciones inmediatas dentro del país.
Frente a este escenario, Alejandro Moreno lanzó un posicionamiento contundente en el que aseguró que este caso no surge de manera repentina, sino que confirma una serie de advertencias que, según dijo, se han hecho desde hace tiempo sobre la relación entre actores políticos y el avance del crimen organizado. El señalamiento no solo apunta a los perfiles involucrados, sino a un contexto más amplio en el que, afirma, hubo omisiones y protección política que permitieron que la situación creciera hasta llegar a instancias extranjeras.
Alejandro Moreno fue más allá al sostener que tanto Rocha Moya como Inzunza no pueden entenderse como figuras aisladas, sino como parte de una estructura política respaldada desde el poder. En su postura, el hecho de que dos figuras de ese nivel enfrenten este tipo de señalamientos implica que la responsabilidad también alcanza a quienes facilitaron su llegada y permanencia en cargos públicos, lo que abre cuestionamientos directos hacia el gobierno federal.
El dirigente político también puso énfasis en la gravedad de que sea una autoridad extranjera la que esté investigando el caso, lo que, en su opinión, refleja una falta de acción interna para atender posibles vínculos entre política y crimen organizado. Este elemento, advirtió, no solo impacta la política nacional, sino que también coloca a México en una posición vulnerable ante la comunidad internacional, al proyectar una imagen de permisividad frente a hechos que deberían ser atendidos con firmeza dentro del país.
En su mensaje, Alejandro Moreno exigió que el gobierno federal aclare qué nivel de conocimiento tenía sobre estos casos y por qué no se actuó antes de que la situación escalara. Aseguró que la sociedad merece explicaciones claras y no evasivas, especialmente cuando están en juego temas tan delicados como la seguridad, la legalidad y la integridad de las instituciones públicas.
Con un tono directo, Alejandro Moreno advirtió que no dejará de señalar lo que considera un patrón de complicidad y encubrimiento, y reiteró que cualquier funcionario con vínculos con el crimen organizado debe enfrentar la ley sin excepción. Bajo esta postura, insistió en que el país no puede avanzar si se toleran este tipo de relaciones, y subrayó que continuará denunciando estos hechos como parte de lo que considera una defensa necesaria del Estado de derecho y del futuro de México.