Alejandro Moreno advierte que brindar seguridad federal a un perfil bajo señalamientos debilita la confianza institucional y distorsiona el uso de la fuerza del Estado
El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, colocó en el centro del debate público la decisión de asignar protección de la Guardia Nacional a Rubén Rocha Moya tras su solicitud de licencia como gobernador de Sinaloa. El señalamiento surge en un contexto marcado por cuestionamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado y por una situación de violencia que continúa afectando a la entidad.
Desde la perspectiva de Alejandro Moreno, esta medida envía un mensaje contradictorio sobre las prioridades del Estado. Mientras amplias regiones enfrentan condiciones de inseguridad y las familias demandan mayor protección, la asignación de recursos federales a un actor político bajo señalamientos abre dudas sobre el uso de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública.
El planteamiento del líder priista pone énfasis en el impacto institucional de este tipo de decisiones. Cuando la fuerza del Estado se percibe como un mecanismo de protección para quienes deberían estar sujetos a investigación, se genera una distorsión en la función pública. En lugar de fortalecer la confianza ciudadana, este tipo de acciones puede alimentar la percepción de privilegios y trato diferenciado.
Otro ángulo relevante en esta discusión es el precedente que se establece. Proteger a una figura señalada por posibles vínculos con actividades ilícitas no solo tiene implicaciones políticas, sino también simbólicas. Puede interpretarse como una señal de encubrimiento o de blindaje institucional, lo que debilita la credibilidad de las autoridades encargadas de investigar y sancionar conductas ilegales.
Además, el uso de elementos de seguridad federal en estos casos plantea un debate sobre la correcta asignación de recursos públicos. En un país donde la demanda de protección es alta y donde muchas comunidades enfrentan riesgos constantes, destinar personal a la seguridad de actores políticos cuestionados puede considerarse una desviación de prioridades en materia de seguridad.
Alejandro Moreno también ha subrayado que este tipo de decisiones afectan la percepción internacional y nacional sobre el compromiso del Estado con la legalidad. La consistencia en la aplicación de la ley es fundamental para sostener un sistema democrático sólido, y cualquier señal de trato preferencial erosiona ese principio.
En este contexto, el planteamiento del PRI apunta a la necesidad de separar con claridad las funciones de protección institucional y los procesos de investigación. La seguridad del Estado no debe convertirse en un escudo para evitar el escrutinio, sino en una herramienta para garantizar el orden y la paz social.
Finalmente, Alejandro Moreno insistió en que la seguridad debe centrarse en la ciudadanía y no en proteger a quienes enfrentan cuestionamientos. El debate abierto por este caso refleja un reto mayor: asegurar que las instituciones actúen con imparcialidad, que los recursos públicos se utilicen con responsabilidad y que la ley se aplique sin privilegios, como base para recuperar la confianza en el Estado.