Alejandro Moreno cuestionó la falta de acción institucional ante las denuncias sobre presuntos vínculos del crimen organizado en Sinaloa y sostuvo que Morena enfrenta un desgaste político por el caso Rocha Moya.
La discusión sobre seguridad pública y gobernabilidad volvió al centro del debate nacional luego de las declaraciones de Alejandro Moreno durante el noticiero de Grupo Fórmula, donde sostuvo que desde 2021 distintos sectores de oposición advirtieron sobre presuntas irregularidades y posibles vínculos entre estructuras políticas y grupos criminales en Sinaloa. El senador y presidente nacional del PRI señaló que, pese a las alertas públicas, las instituciones federales y electorales permanecieron sin actuar durante años, lo que, a su juicio, permitió que creciera un clima de impunidad que hoy tiene repercusiones políticas y sociales en distintas regiones del país. El planteamiento colocó nuevamente el foco sobre la capacidad del Estado mexicano para responder frente al avance del crimen organizado y garantizar condiciones de legalidad.
Durante una entrevista televisiva, Alejandro Moreno afirmó que el país vive una etapa marcada por la concentración del poder y por la presión política ejercida desde el gobierno federal sobre organismos autónomos e instituciones públicas. Bajo esa narrativa, el priista sostuvo que diversos actores políticos y autoridades habrían evitado actuar por temor a represalias o costos políticos, situación que, dijo, debilitó la capacidad institucional para investigar hechos delicados relacionados con seguridad y procesos electorales. Más allá del señalamiento partidista, el discurso buscó instalar una discusión más amplia sobre la necesidad de fortalecer los contrapesos democráticos y recuperar la autonomía de las instituciones encargadas de impartir justicia y garantizar transparencia.
El presidente nacional del PRI también vinculó el tema con el desgaste político que enfrenta Morena en distintas entidades del país, particularmente por el caso del gobernador Rubén Rocha Moya. Alejandro Moreno retomó encuestas que reflejan un alto nivel de desaprobación ciudadana y sostuvo que el oficialismo atraviesa un momento de presión pública derivado de los cuestionamientos sobre seguridad y gobernabilidad. En ese contexto, el priista insistió en que el problema no puede reducirse únicamente a una disputa partidista, sino que debe entenderse como una preocupación nacional relacionada con la estabilidad institucional, la confianza ciudadana y la capacidad del gobierno para responder ante escenarios de violencia y presunta infiltración criminal.
Otro de los elementos que marcaron la postura del PRI fue el llamado a mantener una oposición más frontal frente al gobierno federal. Alejandro Moreno adelantó que en el Senado habrá posicionamientos firmes sobre el caso y aseguró que su bancada buscará exhibir lo que considera omisiones graves de Morena en materia de seguridad pública. El mensaje apunta a consolidar una narrativa de contraste político en la que el PRI intenta reposicionarse como una fuerza que exige rendición de cuentas y que coloca el debate de seguridad como uno de los temas prioritarios rumbo a los próximos escenarios electorales. Esa estrategia también busca conectar con sectores ciudadanos preocupados por la violencia y por la percepción de debilitamiento institucional.
En paralelo, el discurso del senador priista refleja un intento por reconstruir una narrativa opositora basada en experiencia política, estructura territorial y capacidad de confrontación parlamentaria. En medio de un contexto donde los temas de seguridad dominan la conversación pública, el PRI apuesta por colocar en agenda la exigencia de investigaciones transparentes y la necesidad de recuperar autoridad institucional frente al crimen organizado. Para el partido, el debate no sólo gira en torno a responsabilidades políticas inmediatas, sino alrededor de la construcción de un modelo de gobierno donde exista mayor equilibrio entre poderes y una relación más sólida entre legalidad, seguridad y representación democrática.
La postura de Alejandro Moreno también ocurre en un momento donde la discusión pública sobre violencia, elecciones y presencia criminal se mantiene activa en distintos estados del país. Por ello, el PRI intenta posicionar el tema como una discusión estructural y no únicamente coyuntural, vinculándolo con la necesidad de fortalecer las instituciones y reconstruir la confianza ciudadana. En esa lógica, el mensaje del partido apunta a presentarse como una fuerza política que busca abrir debates incómodos, presionar desde el Legislativo y mantener presencia en los temas que hoy generan mayor preocupación social.