Alejandro Moreno advirtió que el asesinato de un elemento asignado a la protección del consulado de Estados Unidos evidencia el debilitamiento institucional y el avance del crimen organizado en México.
El asesinato de un elemento del Servicio de Protección Federal en Matamoros, Tamaulipas, provocó una fuerte reacción política luego de que Alejandro Moreno señalara que el ataque refleja el nivel de violencia e impunidad que enfrenta el país. Los agentes fueron emboscados por sicarios cuando concluían labores de resguardo del consulado de Estados Unidos, hecho que dejó además a dos oficiales heridos y volvió a colocar el tema de la seguridad nacional en el centro del debate público y social.
Alejandro Moreno sostuvo que la agresión confirma el deterioro de la estrategia federal en materia de seguridad y evidencia que el gobierno de Morena perdió capacidad de control frente al crecimiento de los cárteles del crimen organizado. El senador indicó que permitir la expansión territorial y operativa de estos grupos tuvo consecuencias visibles en distintas regiones del país, particularmente en estados fronterizos donde la violencia afecta directamente a familias, comercios y actividades productivas que dependen de estabilidad y certeza institucional.
El presidente nacional del PRI afirmó que la gravedad del ataque también coloca en discusión el estado de las instituciones encargadas de proteger instalaciones diplomáticas y zonas estratégicas del país. Señaló que cuando organizaciones criminales pueden ejecutar agresiones contra agentes federales asignados a tareas de seguridad internacional, el problema deja de ser únicamente local y se convierte en un tema de gobernabilidad, debilitamiento institucional y pérdida de confianza en la capacidad del Estado para garantizar seguridad.
De este modo, Alito Moreno consideró indispensable revisar a fondo la relación entre poder político y estructuras criminales que, aseguró, han encontrado espacios de protección e impunidad. El senador sostuvo que México necesita una política de seguridad con capacidad real para enfrentar al crimen organizado, fortalecer el Estado de derecho y recuperar la autoridad institucional en regiones afectadas por la violencia, evitando que los grupos delictivos continúen ampliando su operación frente a la debilidad gubernamental.