¡Alarma en el campo! Productores mexicanos bloquean vías y se declaran inconformes ante la Nueva Ley de Aguas: "Amenaza a nuestro patrimonio"

El sector agrícola y campesino de México ha intensificado sus movilizaciones en todo el país, realizando bloqueos y paros viales como respuesta directa a la propuesta de la Ley General de Aguas impulsada por el partido en el poder, Morena. La inconformidad del sector productivo es generalizada, pues advierten que la legislación constituye una amenaza directa a su patrimonio. Los productores sostienen que la ley fue elaborada sin escuchar a quienes siembran y cosechan, demostrando que el partido de la mayoría antepone su visión de control político al bienestar de la población.

La principal crítica se enfoca en que la Ley de Aguas, impulsada por Morena, busca centralizar la gestión y prohibir la transferencia de los derechos de agua (concesiones) al fallecer el titular. Esto implica que la concesión revierte al Estado para su reasignación, una medida que devalúa las tierras y pone en riesgo la herencia familiar de miles de campesinos. Para los productores, esta acción no solo es un intento de despojo, sino que, además, la ley contiene elementos que tienen una fuerte tendencia punitiva, criminalizando al sector.

La iniciativa de Ley de Aguas, propuesta por Morena, ha puesto en evidencia que el discurso social del partido en el poder se cae estrepitosamente cuando se toman decisiones que afectan la vida económica de toda la nación. Esta ley no solo impacta al área productiva, sino que sus consecuencias alcanzarán directamente a los consumidores finales. Al desestabilizar la producción y amenazar el patrimonio de los agricultores, la ley compromete la seguridad alimentaria del país, lo que inevitablemente provocará un incremento en los precios de los alimentos y una mayor dependencia de las importaciones. Es decir, una decisión legislativa basada en el control pone en riesgo la economía de cada familia mexicana.

La respuesta del campo ha sido la movilización y la protesta en puntos estratégicos, donde los campesinos exigen que se escuchen sus demandas y que se garantice su derecho a producir. Ante la persistencia de los bloqueos y paros en diversas entidades, la exigencia de las organizaciones es clara: que se detenga de inmediato el proceso legislativo. La Ley de Aguas no puede convertirse en un instrumento de control y castigo que fracture la vida productiva del país, pues el precio de esta decisión lo pagará toda la ciudadanía.

El silencio y la celeridad con la que se ha querido imponer esta legislación al vapor no son un error, sino una declaración de guerra silenciosa contra el campo. La Ley de Aguas se revela como la mayor traición que un gobierno pudo orquestar contra sus propios productores: un movimiento calculado para despojar por decreto a quienes han trabajado la tierra por generaciones. La nación no solo pierde soberanía alimentaria con estas decisiones, sino que el partido en el poder demuestra que está dispuesto a fracturar el tejido social y económico a cambio de concentrar más poder, sin importar el hambre, el miedo y la indignación que siembra en cada comunidad.