Alejandro Moreno sostiene que la reforma electoral no solo modifica reglas, sino que abre la puerta a prácticas de presión política sobre legisladores
La discusión del Plan B en el Senado no solo ha encendido el debate legislativo, también ha expuesto un clima de presión política que eleva el nivel de confrontación. En un momento clave para el sistema electoral, la presencia —o ausencia— de legisladores se convirtió en un factor determinante que podría inclinar la balanza en una de las reformas más controvertidas de los últimos años.
En ese contexto, Alejandro Moreno advirtió que no hay margen para ausencias ni ambigüedades dentro del proceso. El senador y presidente del PRI planteó que cada legislador debe asumir su responsabilidad en una votación que definirá el rumbo democrático, subrayando que no asistir equivaldría, en los hechos, a facilitar la aprobación de la reforma.
Más allá del posicionamiento político, el señalamiento apunta a un problema de fondo: la integridad del proceso legislativo. La discusión no solo gira en torno al contenido del Plan B, sino a las condiciones en las que se está llevando a cabo. Cuando se cuestiona la participación plena de los legisladores, lo que está en juego es la legitimidad misma de la decisión.
Desde la crítica, Moreno denunció la existencia de presiones externas dirigidas a influir en el sentido del voto. Según su planteamiento, se han realizado ofrecimientos políticos que van desde recursos hasta candidaturas, lo que, en su lectura, revela una estrategia para asegurar apoyos mediante mecanismos ajenos al debate democrático.
El bloque del PRI, encabezado en el Senado por Manuel Añorbe, ha cerrado filas con una postura definida: votar en contra y mantenerse presente en la discusión. En un escenario marcado por tensiones y acusaciones, la votación ya no solo mide posiciones políticas, sino la forma en que se ejerce el poder. Ahí está el fondo del problema.
