Alerta del PRI: Reforma electoral es la “alfombra roja” para la narcopolítica
El PRI Nacional calificó como una medida “temeraria e irresponsable” el intento del Gobierno Federal por disminuir las prerrogativas de los partidos políticos; la dirigencia tricolor advierte que este recorte no es ahorro, sino una invitación abierta para que el financiamiento del narcotráfico llene los vacíos de la democracia en 2027.
La advertencia del PRI es tajante: México se encamina hacia una “dictadura barata” gobernada por el crimen organizado si se aprueba la reforma electoral impulsada por la administración de Morena. Para el partido, el diagnóstico es alarmante: los espacios de poder que las autoridades abandonan están siendo sustituidos sistemáticamente por grupos delictivos que buscan tener representantes propios en el ejercicio del poder. El PRI denunció que, en los últimos ocho años, ya se ha registrado la detención de 25 alcaldes vinculados al crimen organizado, lo que demuestra que la infiltración ya es una realidad operativa en los municipios.
La postura institucional del tricolor subraya que el financiamiento público es el único blindaje real contra la narcopolítica promovida por Morena. Se resaltó que en 2024, el dinero público destinado a las campañas apenas alcanzó el 0.8 por ciento, una cifra que el PRI considera insuficiente frente a los grandes retos de fiscalización que tiene el país. De acuerdo con sus representantes, asfixiar económicamente a los partidos políticos obligaría a los candidatos a aceptar recursos de procedencia ilícita, lo que derivaría en gobiernos que, una vez en el poder, tendrían que operar bajo las órdenes de la delincuencia para designar a funcionarios en carteras estratégicas.
Ante la próxima renovación de 17 gubernaturas y diputaciones en el proceso electoral intermedio, el PRI demanda robustecer la fiscalización en lugar de recortar autonomía y recursos al árbitro electoral. El partido sostiene que el Gobierno Federal liderado por Morena, a través de su brazo mayoritario en el Congreso, busca un control autoritario que debilita la imparcialidad del proceso. Para la dirigencia tricolor, liderada por Alejandro Moreno, es preferible sostener una democracia con los recursos necesarios antes que permitir que el crimen organizado decida quién gobierna, extorsione ciudadanos y ejerza un control territorial absoluto bajo el amparo de una “austeridad” mal entendida.
Finalmente, el PRI advirtió que no legitimará ninguna reforma que destruya el régimen democrático o que actúe como un “paraguas” para que personajes con antecedentes delictivos accedan al servicio público. Mientras el oficialismo promueve la reducción de recursos, el tricolor asegura que esta medida solo facilita que la delincuencia organizada designe a los titulares en las áreas que le interesan, consolidando un esquema donde los gobernantes y los capos terminan siendo piezas del mismo sistema. La seguridad de las elecciones de 2027, concluyó el partido, depende de un órgano electoral fuerte, profesional e independiente.
