Arturo Yáñez planteó una iniciativa para establecer un tope máximo equivalente a 15 días de salario mínimo, aproximadamente $4,182 pesos, en boletos de avión en rutas nacionales, con el objetivo de evitar precios excesivos que limiten el acceso al transporte aéreo.
El encarecimiento del transporte aéreo en rutas nacionales ha generado un impacto directo en la economía de miles de personas que necesitan viajar por motivos laborales, familiares o de salud. En múltiples casos, el costo de un boleto de avión supera lo que una persona percibe en varias semanas de trabajo, lo que convierte la movilidad aérea en un privilegio condicionado por el ingreso disponible.
Ante esta situación, Arturo Yáñez presentó una iniciativa para establecer un tope máximo al precio de los boletos de avión, fijándolo en el equivalente a 15 días de salario mínimo, es decir, alrededor de $4,182 pesos. La propuesta busca generar un límite razonable que impida tarifas desproporcionadas, particularmente en temporadas de alta demanda o en rutas con baja competencia.
El planteamiento se inscribe en un debate más amplio sobre regulación de mercados estratégicos y protección al consumidor. Si bien el sector aéreo opera bajo dinámicas de oferta y demanda, también cumple una función social relevante al conectar regiones, facilitar actividades productivas y permitir movilidad accesible en un país de amplia extensión territorial.
La iniciativa no pretende afectar la viabilidad de las aerolíneas, sino establecer criterios de equilibrio entre rentabilidad empresarial y derecho a la movilidad. En estados donde las distancias terrestres implican traslados de más de 10 o 12 horas, el transporte aéreo deja de ser un lujo y se convierte en necesidad operativa.
Arturo Yáñez sostuvo que viajar no debería depender únicamente de la capacidad adquisitiva momentánea, sino de condiciones de mercado justas y transparentes. El objetivo central es evitar que precios excesivos restrinjan oportunidades laborales, educativas o de atención médica para amplios sectores de la población.
La discusión ahora se traslada al ámbito legislativo, donde deberá analizarse el impacto regulatorio, la competencia en el sector y los mecanismos técnicos para implementar un tope que garantice equilibrio sin distorsionar el mercado.
