Cuando la justicia se pinta de guinda, la democracia se pone en riesgo

México atraviesa un momento crítico. Las instituciones que deberían proteger los derechos de todos están siendo utilizadas para proteger solo a los que están con el poder. El caso del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, es la muestra más reciente —y más alarmante— de cómo la justicia se usa con sesgo, según convenga al partido en el gobierno.

Mientras las fiscalías se movilizan con rapidez contra opositores incómodos, los casos de corrupción, abusos y vínculos oscuros dentro de Morena permanecen enterrados bajo el silencio. No hay detenidos, no hay investigaciones, no hay justicia… si se trata de los suyos.

A Alejandro Moreno no lo están acusando por un asunto legal sólido. Lo están atacando por atreverse a hablar del narcopoder, por señalar la militarización, por impulsar una oposición que no se arrodilla. Y el mensaje es claro: quien cuestione al régimen, será castigado.

Esto no se trata de defender a un dirigente, se trata de defender principios. Porque hoy es Alito, pero mañana puede ser cualquier ciudadano, periodista, activista o incluso un juez que no se alinee a los intereses del poder. Lo que está en juego no es un nombre, es el Estado de Derecho.

Hoy las fiscalías no trabajan para defender los derechos de los mexicanos ni para garantizar justicia. Su verdadera función, en este y el anterior sexenio, ha sido blindar a Morena y castigar a sus adversarios. En lugar de investigar los abusos del poder, encubren; en lugar de proteger a las víctimas, persiguen a quienes se atreven a alzar la voz contra el régimen. Se han convertido en guardianes políticos del partido en el poder, no en instituciones al servicio de la ciudadanía.