El coordinador del PRI impulsa una reforma al Código Financiero para que la CDMX e Hidalgo paguen por el uso de infraestructura estatal y los recursos se destinen a municipios afectados.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de México, Elías Rescala Jiménez, presentó formalmente una iniciativa de reforma al Código Financiero del Estado de México y Municipios para crear el “Derecho por Recepción, Almacenamiento, Tratamiento y Disposición Final de Residuos”. La propuesta plantea que cualquier entidad federativa, municipio o alcaldía de la Ciudad de México que deposite desechos en territorio mexiquense —ya sea de forma directa o mediante intermediarios— deba pagar una contribución de 200 pesos por cada tonelada. Rescala señaló que esta medida busca atender la desproporción actual, donde el estado gestiona cerca de 26 mil toneladas de basura diarias, de las cuales 10 mil provienen de la capital del país y 2 mil de Hidalgo.
La iniciativa establece un mecanismo de pago anticipado y trazabilidad obligatoria para identificar con precisión el municipio o alcaldía de origen de los residuos. Según el documento presentado ante la LXII Legislatura, los sitios de disposición final, rellenos sanitarios y centros integrales de residuos actuarán como recaudadores del derecho, emitiendo comprobantes que detallen la cantidad de toneladas y la fecha de depósito. Elías Rescala enfatizó que este registro permitirá tener claridad sobre los montos obtenidos y garantizará que las entidades vecinas asuman el costo real de utilizar la infraestructura y el suelo mexiquense para sus desechos sólidos urbanos y de manejo especial.
En cuanto a la distribución de los recursos, la propuesta de Rescala Jiménez estipula que el 67 por ciento de lo recaudado se entregue exclusivamente a los municipios receptores de la basura. Estos fondos deberán etiquetarse para acciones integrales de mitigación, remediación de zonas contaminadas y la reparación de la infraestructura vial dañada por el constante tránsito de unidades de carga. El 33 por ciento restante se asignará a programas estatales destinados a garantizar el derecho constitucional a un medio ambiente sano, asegurando que el beneficio económico se traduzca en una mejora directa de la calidad de vida de la población afectada.
El legislador priista subrayó que esta reforma es una cuestión de justicia social y ambiental, ya que municipios como Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Chicoloapan e Ixtapaluca cargan con el impacto de más de 3.6 millones de toneladas de basura anuales procedentes solo de la Ciudad de México. Elías Rescala explicó que la iniciativa también contempla un periodo de 90 días para que la Secretaría de Finanzas y la Secretaría del Medio Ambiente emitan las reglas de operación necesarias. Con este esquema, se busca transitar de un modelo de recepción pasiva a uno de corresponsabilidad financiera, donde el daño territorial tenga una retribución específica y transparente.
Finalmente, Elías Rescala reafirmó que la prioridad del PRI es defender la soberanía del Estado de México y la salud de sus habitantes frente a la saturación de los sitios de disposición final. El diputado concluyó que no es equitativo que la entidad absorba los costos ambientales de sus vecinos sin recibir recursos para mitigar las consecuencias. Al proponer la derogación de disposiciones anteriores y la creación de este nuevo capítulo financiero, el coordinador parlamentario busca dotar a los ayuntamientos de herramientas económicas sólidas para enfrentar el desafío de la basura, consolidando una política de protección ambiental con rostro municipalista.
