Falta de transparencia en bonos millonarios de coordinadores en la Cámara de Diputados

Al concluir la 65 Legislatura, los líderes de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados de México se asignaron más de 31 millones de pesos como "bono" por el cierre de sus actividades legislativas. Este acuerdo, aprobado el 21 de junio por el Comité de Administración de la Cámara, ha generado controversia debido a la falta de claridad sobre el destino específico de estos fondos, que se justificaron para "gastos extraordinarios" e "imprevistos" relacionados con la conclusión de su gestión.

Según el documento obtenido por El Universal, los recursos se distribuyeron de la siguiente manera:

• Ignacio Mier (Morena): 12,157,258 pesos.

• Jorge Romero (PAN): 6,774,194 pesos.

• Rubén Moreira (PRI): 4,460,213 pesos.

• Carlos Puente (PVEM): 3,769,355 pesos.

• Alberto Anaya (PT): 1,995,968 pesos.

• Braulio López Ochoa (MC): 1,754,032 pesos.

• Francisco Huacus (PRD): 1,025,806 pesos.

El acuerdo establece que estos montos podrían ser depositados de forma íntegra o en parcialidades, según la solicitud de cada grupo parlamentario. Además, se indicó que la ausencia de la firma de algún representante implicaría la renuncia expresa a los recursos; sin embargo, todos los representantes de los siete grupos parlamentarios estuvieron presentes y firmaron el acuerdo.

La falta de transparencia en el uso de estos fondos ha suscitado críticas, especialmente en un contexto donde se cuestiona la gestión de recursos públicos en el Congreso. Para abordar estas preocupaciones, se está trabajando en una reforma que busca fortalecer la fiscalización y la rendición de cuentas en el Congreso. La iniciativa, impulsada por el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, se presentará en el próximo periodo ordinario de sesiones y propone profundizar en los sistemas de rendición de cuentas, fortalecer el sistema de parlamento abierto y reconstruir los mecanismos de transparencia en el manejo de recursos públicos.

Este caso se suma a otros señalamientos sobre la opacidad en el manejo de recursos en el Congreso mexicano, subrayando la necesidad de implementar medidas que garanticen una gestión más transparente y responsable de los fondos públicos asignados a los legisladores y sus actividades.