La terna para la Fiscalía Anticorrupción de CDMX enfrenta dificultades internas y podría no ser aprobada

La reciente propuesta de terna para dirigir la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de México, elegida por el Consejo Judicial Ciudadano, se encuentra en una encrucijada política que podría llevar a que no se apruebe en el Congreso capitalino. Los tres candidatos seleccionados —Luz Adriana Mercedes Greaves Muñoz, José Gerardo Huerta Alcalá y César Silva Mejía— no han logrado consenso entre los grupos del oficialismo, lo que podría entorpecer el proceso de votación y retrasar la toma de decisiones clave en el Poder Judicial de la capital.

Este estancamiento en la definición del futuro titular de la Fiscalía Anticorrupción se debe a varios factores. En primer lugar, los tres aspirantes no cuentan con el respaldo unánime de los diferentes sectores dentro de Morena, que compiten por tener influencia sobre el nombramiento. A pesar de que el partido tiene mayoría en el Congreso local, las disputas internas han impedido alcanzar un acuerdo sobre quién debe ocupar este importante cargo.

Además, los candidatos propuestos tampoco tienen un vínculo estrecho con la actual fiscal general, Bertha Alcalde, lo que ha complicado aún más la coordinación entre los distintos equipos del Poder Judicial y el Ejecutivo local. Alcalde asumió el cargo de fiscal general de manera paralela al proceso de renovación de las fiscalías especializadas, lo que generó desconcierto y una falta de alineación estratégica entre los diferentes actores involucrados.

Ante la falta de consensos, el Congreso de la Ciudad de México se enfrenta a un escenario incierto, en el que la designación de la Fiscalía Anticorrupción podría quedar en suspenso si no se logran los votos necesarios. Las comisiones legislativas podrían iniciar en los próximos días el proceso de entrevistas con los candidatos, pero aún no está claro si se alcanzarán los acuerdos necesarios para proceder con la aprobación.

Este proceso de nombramiento se enmarca en el cambio de administración que sufrió la Ciudad de México tras las elecciones de 2024, con la llegada de nuevos actores al Ejecutivo y al Legislativo. El Poder Judicial también está en proceso de reestructuración, lo que ha generado una serie de dificultades para coordinar los nombramientos y garantizar la estabilidad en las diferentes fiscalías especializadas.

Por ahora, el futuro de la Fiscalía Anticorrupción de la CDMX sigue siendo incierto, mientras los diferentes grupos dentro del oficialismo continúan disputándose el control sobre este importante nombramiento.