La venganza política disfrazada de justicia

La reciente ofensiva legal emprendida por Morena contra Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, ha encendido las alarmas en el ámbito político y jurídico del país. Las acusaciones que buscan desacreditarlo públicamente no pueden leerse de forma aislada: son, en el fondo, una reacción directa y calculada del oficialismo ante las contundentes denuncias que Moreno ha interpuesto en instancias internacionales contra altos perfiles morenistas vinculados con el crimen organizado.

Hace apenas unos días, el líder priista presentó denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, señalando el uso faccioso del poder en México, la omisión deliberada frente al avance del narcotráfico en regiones clave, y la protección política a personajes de Morena involucrados con cárteles. Estas denuncias, que han ganado eco en el extranjero —y que Morena no ha podido silenciar ni censurar—, colocaron al gobierno de la 4T en una posición de escrutinio sin precedentes a nivel global.

La respuesta no tardó en llegar, el gobierno morenista ha querido desviar la atención con cortinas de humo. Para muchos observadores, la forma de proceder del llamado “narcogobierno” tiene como objetivo deslegitimar al denunciante, no esclarecer la verdad.

No es la primera vez que el oficialismo utiliza las instituciones del Estado como herramienta de persecución política. A lo largo del sexenio, se ha normalizado el uso de la UIF, la FGR y hasta del SAT para intimidar o callar a voces críticas. La diferencia, en este caso, es que la denuncia traspasó las fronteras nacionales y llegó a foros donde la 4T no tiene control.

Alejandro Moreno ha sido enfático: "No es traición defender la verdad, es valentía. Lo que Morena pretende con esta persecución no es justicia, es venganza". Desde el PRI, se ha reiterado que la legalidad no puede ser utilizada con fines políticos y que el Estado de derecho está en riesgo si se permite que el poder sirva como instrumento de represalia.

El ataque contra Moreno no sólo es un acto de represalia, sino una advertencia para todos aquellos que se atrevan a cuestionar al régimen. Es la muestra más clara de un gobierno que se resiste a ser fiscalizado y que responde con fuerza a quienes le exigen rendición de cuentas.

En una democracia sana, los adversarios políticos se enfrentan con argumentos, no con expedientes fabricados. Lo que está en juego aquí no es sólo el prestigio de un líder partidista, sino la posibilidad de ejercer oposición libre y sin miedo en México.

El PRI ha anunciado que defenderá a su presidente nacional con todos los recursos legales disponibles y, al mismo tiempo, exigirá la intervención de organismos internacionales para frenar el uso faccioso de la justicia en nuestro país.

Morena puede intentar desviar la atención, pero no podrá silenciar el eco de las denuncias ni ocultar la creciente inquietud nacional e internacional por el rumbo autoritario que ha tomado el gobierno. Porque la verdad, tarde o temprano, termina por imponerse.

En un país donde las tasas de violencia se mantienen alarmantemente altas y el crimen organizado ha permeado estructuras institucionales en varios niveles, resulta cada vez más evidente que Morena no ha combatido al narco, sino que, en muchos casos, ha tolerado —y según múltiples señalamientos, hasta protegido— a actores vinculados con él. La persecución contra Alejandro Moreno no puede entenderse sin este contexto: un intento de acallar a quien ha tenido el valor de exhibir ante el mundo las posibles complicidades del partido en el poder con estructuras criminales que hoy desgarran a México desde dentro.