Las sombras en el círculo más cercano

En una de sus intervenciones más directas en el Senado, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, puso nombre y apellido a las acusaciones que viene lanzando desde hace meses contra el círculo cercano del poder presidencial. Señaló a Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y figura clave en la estructura de Morena, y a Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como personajes que —según él— han sido públicamente vinculados con actividades e intereses del crimen organizado sin que exista, hasta el momento, una sola investigación formal.

Moreno cuestionó que, mientras el gobierno federal exhibe y persigue mediáticamente a opositores, guarda silencio absoluto ante señalamientos graves contra sus propios operadores políticos. En su discurso, recordó que múltiples testimonios y publicaciones periodísticas han documentado presuntos nexos que, de confirmarse, representarían una infiltración directa del narcotráfico en las esferas de decisión más altas del país. “No se trata de rumores, se trata de hechos que merecen ser investigados”, sostuvo ante legisladores y medios.

El priista enmarcó estas acusaciones dentro de una narrativa más amplia que ha denominado “narcomorena”, con la que describe lo que considera un patrón de complicidad estructural entre el gobierno y el crimen organizado. Señaló que la inacción de las autoridades no solo es sospechosa, sino que envía un mensaje peligroso de impunidad, alentando la expansión de los cárteles y debilitando aún más la seguridad pública.

Asimismo, anunció que el PRI llevará estas denuncias a instancias internacionales, incluyendo organismos de derechos humanos y agencias de investigación extranjeras, para garantizar que se realicen indagatorias imparciales. Según Moreno, el problema no es solamente de seguridad, sino de soberanía, pues “cuando el crimen organizado penetra el poder político, deja de existir un verdadero Estado de derecho”.

En su cierre, Alejandro Moreno advirtió que el país no puede normalizar este tipo de vínculos sin pagar un costo altísimo en vidas, libertades y credibilidad democrática. “El silencio del gobierno ante estos señalamientos no es neutralidad, es complicidad”, sentenció, llamando a la ciudadanía a exigir respuestas y a no permitir que la corrupción y la violencia se instalen como norma en la vida pública de México.