El proceso judicial que enfrenta el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ha encendido las alarmas en distintos sectores políticos y sociales del país. Más allá de los argumentos legales, el trasfondo político es evidente: se trata de una persecución orquestada para acallar a una de las voces más críticas y combativas contra el régimen morenista.
Moreno ha sido un opositor frontal al actual gobierno y uno de los pocos líderes que ha señalado de forma contundente el avance del autoritarismo en México. Su labor como legislador, dirigente nacional y constructor de una alianza opositora ha incomodado al poder. Ahora, con señalamientos que no resisten el más mínimo análisis jurídico, buscan desacreditarlo y minar su liderazgo.
Desde el PRI, diversas figuras han cerrado filas en torno a su presidente, dejando claro que la intención no es hacer justicia, sino aplicar revancha política contra quien ha puesto en evidencia los abusos del poder. Organizaciones civiles y especialistas han advertido también sobre el riesgo de utilizar las instituciones para fines políticos, lo cual daña gravemente la democracia mexicana.
Alejandro Moreno ha reiterado que no se doblará. “No me van a callar”, ha dicho. Y en efecto, el proceso que enfrenta lo fortalece como líder que no se arrodilla ante el poder, sino que lo confronta con argumentos, con propuestas y con valentía.