Víctor Ruíz, sindico priista destapa la farsa del "pueblo" y el cínico silencio que ahoga a Naucalpan

La máxima "con el pueblo todo, sin el pueblo nada" se ha convertido, en manos de la actual administración, en una caricatura perversa. El síndico priista, Víctor Ruiz, lo ha señalado con una claridad dolorosa: la Presidencia de México ha utilizado la tragedia de las inundaciones, que sepultaron vidas y patrimonios, no como un llamado a la empatía y la acción, sino como una tarima electoral. La imagen de la presidenta silenciando a los damnificados, pidiendo discreción sobre los municipios afectados y, peor aún, instando a la gente a "fijarse por quién vota", pinta el cuadro de un gobierno que solo entiende la democracia bajo el concepto de "al pueblo mientras me aplauda". Esta actitud no es servicio público; es oportunismo puro, es instrumentalizar el dolor ajeno, y es una burla al espíritu solidario que debería guiar a cualquier líder en momentos de crisis. El pueblo no quiere aplaudir; quiere soluciones y, sobre todo, ser escuchado, no callado.

El Estado de México, bajo la nueva administración, ha ejecutado un acto de profunda deslealtad con su ciudadanía: el "Tarifazo" al transporte público. Víctor Ruiz lo cataloga acertadamente como una imposición. Y lo es. ¿De qué sirven los llamados a la consulta popular si, en una medida que afecta a cada mexiquense que utiliza el transporte, simplemente se ignora la voz del pueblo? Este aumento tarifario no solo es un golpe al bolsillo, sino una cachetada moral, pues se aplica a un sistema de transporte que sigue siendo inseguro, deficiente y de baja calidad. Ruiz pone el dedo en la llaga: las consultas deberían ser una herramienta viva y obligatoria para que el pueblo decida sobre aquello que le afecta. En cambio, lo que vemos es un ejercicio de poder vertical, donde las necesidades de la gente se subordinan a los caprichos o a las fallas de gestión de la actual administración morenista.

La denuncia más punzante de Ruiz, sin embargo, se ancla en lo local, donde el concepto de la "honestidad" se desmorona frente a un monto de $52 millones de pesos. El director del organismo de agua, Ricardo Gudiño Morales, ha sido inhabilitado por una falta administrativa grave por el Tribunal de Justicia Administrativa del EdoMéx. Este dinero pudo haber reparado pozos, pudo haber concretado el Periférico. Pudo haber servido al pueblo. En cambio, se perdió en la opacidad. La exigencia del síndico no es un capricho político; es un grito de justicia. Pide, con toda la razón, que Gudiño Morales demuestre su situación jurídica con total transparencia y que, mientras no lo haga, se retire del cargo. Aferrarse al poder en medio de un señalamiento tan grave es un acto de cinismo que socava la confianza ciudadana y confirma que, para algunos funcionarios, el erario sigue siendo una caja chica sin consecuencias.

Es hora de exigir que la transparencia sea un ejercicio de puertas abiertas y no una promesa hueca. La solución para Naucalpan y el Estado de México no llegará con más retórica, sino con la separación inmediata de todo funcionario cuestionado y con la recuperación de los principios de legalidad y honestidad. La voz de Ruiz no es solo una crítica; es una hoja de ruta para que la ciudadanía retome el poder que le ha sido arrebatado.