Alejandro Moreno aseguró que Morena ha favorecido un entorno de impunidad frente al crimen organizado y llamó a fortalecer las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia.
La seguridad pública volvió a colocarse en el centro del debate político luego de que Alejandro Moreno señalara que Morena ha permitido el fortalecimiento de grupos del crimen organizado mediante decisiones que, afirmó, han debilitado a las instituciones responsables de combatir la delincuencia. El senador y presidente nacional del PRI sostuvo que la falta de resultados en materia de seguridad ha incrementado la violencia en distintas regiones del país y ha generado una creciente preocupación entre la ciudadanía.
Durante su posicionamiento, Alejandro Moreno acusó a Morena de proteger, financiar y encubrir a integrantes del crimen organizado, además de permitir que personas vinculadas con actividades ilícitas accedan a espacios de poder. Afirmó que estas condiciones favorecen la impunidad y obstaculizan el trabajo de las autoridades encargadas de investigar y sancionar los delitos, por lo que consideró indispensable que las instituciones actúen con autonomía y sin distinciones políticas.
Ante ese panorama, el lidernacional del PRI sostuvo que Morena debe ser considerado un “narcopartido” y una “organización terrorista”, al asegurar que existe una relación de complicidad con grupos criminales. Señaló que corresponde a las autoridades competentes investigar cualquier vínculo entre actores políticos y organizaciones delictivas, garantizando que los procedimientos se desarrollen con apego a la ley y con base en las pruebas que puedan acreditarse.
Finalmente, Alejandro Moreno reiteró que el país requiere una estrategia de seguridad sustentada en el fortalecimiento de las instituciones, el combate frontal a la impunidad y la aplicación de la ley sin excepciones. Consideró que recuperar la confianza ciudadana dependerá de que las autoridades actúen con firmeza frente a la delincuencia organizada y de que exista plena rendición de cuentas por parte de quienes ejercen responsabilidades públicas.