Alejandro Moreno condenó las amenazas contra la diputada Paola Gárate y demandó una respuesta inmediata de las autoridades para garantizar su seguridad e integridad.
Alejandro Moreno condenó enérgicamente las amenazas dirigidas contra la diputada Paola Gárate, luego de que fuera enviada una corona fúnebre a su domicilio en Culiacán, un hecho que calificó como un acto de intimidación grave que atenta contra la libertad política y la seguridad de quienes ejercen representación pública. Señaló que este tipo de acciones no pueden ser minimizadas ni normalizadas en un estado que enfrenta serios desafíos en materia de seguridad y gobernabilidad.
El líder nacional del PRI recordó que desde hace tiempo se solicitó protección federal para la legisladora debido al riesgo derivado de las denuncias que ha realizado contra actores vinculados al poder político en Sinaloa. Sin embargo, afirmó que las autoridades no han atendido con la seriedad necesaria la situación, pese a las advertencias sobre posibles amenazas. Para el priismo, la falta de respuesta institucional refleja una preocupante omisión frente a hechos que ponen en riesgo la integridad de una representante popular.
Alejandro Moreno sostuvo que la violencia y la intimidación no pueden convertirse en herramientas para silenciar voces críticas ni para inhibir la participación política. Destacó que la democracia exige condiciones de seguridad para todas las fuerzas políticas y que el Estado tiene la obligación de garantizar la protección de quienes ejercen funciones públicas. Advirtió que cuando una amenaza de esta naturaleza no recibe una respuesta inmediata, se envía un mensaje equivocado sobre la capacidad institucional para proteger a la ciudadanía.
El presidente nacional del PRI reiteró que Paola Gárate cuenta con el respaldo absoluto de su partido y que continuará alzando la voz frente a cualquier intento de intimidación. Asimismo, exigió que las autoridades federales y estatales actúen de manera urgente para salvaguardar su seguridad y esclarecer los hechos. Subrayó que ninguna amenaza debe quedar impune y que la defensa de la democracia pasa por garantizar que nadie sea perseguido o amedrentado por expresar sus convicciones políticas.